Sobre panes, circos y odios

Educación mediática

Como organización social trabajamos arduamente en la promoción de la educación mediática, fomentando el desarrollo de habilidades digitales críticas, para que la ciudadanía pueda analizar y comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. Es, para Faro, un eje troncal en el objetivo de lograr emancipación y conquistar derechos. ¿Por qué? Porque la forma en la que consumimos información define muchas cosas. 

Los medios, no solo como simples divulgadores sino también como creadores de noticias, juegan un rol de gran importancia en la formación de opiniones y en la construcción de sentidos.

Nuestras identidades, hábitos de consumo, la forma en la que nos relacionamos con otros y con el mundo, las narrativas que elegimos para entender y replicar lo que pasa, están fuertemente teñidas por los medios.

 

Para ser ciudadanas y ciudadanos digitales empoderados necesitamos cultivar actitudes reflexivas y críticas respecto a la información que consumimos. 

A raíz de la nota titulada “Más pan y circo: ahora, tarifa social para internet, celulares y cable”,  firmada por el periodista argentino Roberto Cachanosky y publicada hace unos días por el portal Infobae, nos proponemos el ejercicio de desgranarla y analizarla. Hay mucho más allí que un título provocador. 

 

Preguntas

¿Por qué un comunicador llega a considerar un acceso más inclusivo a la tecnología digital, promovido desde el Estado, como “pan y circo”? ¿Por qué segrega a la sociedad entre “contribuyentes” y “mantenidos”, ubicando entre estos últimos a los más castigados por el sistema? ¿Cuáles son los motivos para asegurar con sorna que dicho acceso fue “calificado por el Gobierno como un derecho humano”?

No aconsejaremos sobre las ventajas de escribir sin el odio como motor. Cada cual atiende su juego. Pero sí intentaremos rebatir cada una de las sentencias que se hacen en esta nota, que pareciera solo estar destinada a discriminar, segregar, alimentar prejuicios clasistas y odios poco novedosos.

La expresión “pan y circo” tiene una carga específica. Más allá de coliseos, leones y esclavos, en este y otros tantos casos, tiene un vínculo directo con lo que cierto grupo que se presume perteneciente a una élite superior al resto de los mortales, atribuye a cualquier derecho que conquisten y se le reconozcan a las y los de abajo.

Planteado el asunto como un subsidio, el autor manipula la verdad: una política pública de estas características no puede considerarse sólo como “un subsidio”. Se trata de una decisión política, sumamente ideológica, que tiene como objetivo facilitar el acceso con fines concretos. No es casual el reduccionismo de hablar de “subsidio”, por el contrario, carga con la intención de interpelar el sesgo de un sector importante de la sociedad que vincula a la palabra “subsidio” solo aspectos negativos.

El Estado

El rol del Estado, de mínima, es el de equilibrar. Es una trampa de la narrativa de los sectores a los que representa el autor, considerar a ese equilibrio como una distinción entre unos que son, en sus propias palabras, “más humanos que otros”.

De paso, y con la única intención de provocar y generar confusión, mezcla acceso a medios de comunicación digital con el debate sobre el aborto.

¿Por qué ponerle grieta a todo? A la luz de la experiencia humana, la polarización del debate público inflada desde los medios de comunicación, solo favorece a sectores conservadores.

Ni el Gobierno ni “el “populismo”: la ONU declaró el acceso a internet como un derecho humano. Por su parte, para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el derecho de acceso a Internet debe “garantizar la conectividad y el acceso universal, ubicuo, equitativo, económicamente accesible y de calidad adecuada, a la infraestructura de Internet y a los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación”.

Otros organismos, como la OEA, coinciden en que debe reconocerse el derecho al acceso y el uso de Internet “como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. 

Más: el 1 de junio de 2011, representantes de ONU, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), firmaron la

Declaración conjunta sobre la libertad de expresión e Internet, en la que acordaron que los diferentes Estados nacionales deben:

• Promover el acceso universal a Internet para poder garantizar el disfrute efectivo de derechos humanos como la libertad de expresión, el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, entre otros derechos fundamentales.
• Generar mecanismos regulatorios que fomenten el acceso a Internet, especialmente en las poblaciones más vulnerables ya sea por escasez de recursos o por encontrarse en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos.
• Ofrecer puntos de acceso públicos a tecnologías de información y comunicación.
• Concientizar a la población sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que de ello se deriva.
• Asegurar el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad.

Reflexiones finales

Por último, pero no por eso menos importante, es necesario contextualizar esta política pública. Pareciera que el autor omite el hecho de que la humanidad está transitando una pandemia global. Durante buena parte del 2020 se dispuso una cuarentena global, hecho que puso en jaque al sistema educativo y las escuelas, una parte importante del mundo laboral y hasta la atención profesional vinculada a temas de salud. Solo observando nuestro país.

Miles de chicos y chicas se desconectaron así de sus docentes, de sus compañeros y compañeras y de sus posibilidades de seguir aprendiendo, justamente por no tener acceso a conectividad.

¿Son culpables de su pobreza? ¿Será que no hicieron los méritos suficientes para no tener una tablet o un celular de última generación? Ya abordamos la meritocracia como norma rectora en otro texto.

Con la implementación de esta política, el Estado Nacional reconoce la desigualdad, la brecha entre los que tienen y los que no. En este caso, de acceso a la tecnología digital y todo lo que ella implica. Y aparentemente intenta achicarla. Algo que le molesta al autor de la nota. Lo cual no está mal. Lo que sí está mal es buscar impacto incentivando discursos de odio.

Facundo Bianco y Ezequiel Passeron